Dos proyectos de ley aprobados en la Cámara de Senadores en las últimas semanas por parte de la coalición gubernamental, muestran a las claras el rumbo conservador y retrógrado del actual gobierno.
El más importante y significativo para el país es el referido a la reforma del sistema jubilatorio, con graves consecuencias en caso de ser aprobado para los actuales jubilados y pensionistas y, también, para quienes se vayan a jubilar en el futuro.
Trabajar más, más años: ganar menos
Tal como fue aprobado en la Cámara de Senadores, los futuros jubilados deberán trabajar más años, aportar más y, muy posiblemente, percibirán menos ingresos.
El sistema seguirá siendo financiado básicamente por los propios trabajadores, al tiempo que los dueños de la riqueza, los más acomodados, aportarán cada vez menos.
Por si lo anterior fuera poco, se adoptan medidas destinadas a privatizar aún más el sistema previsional para mejor beneficio de las empresas privadas. Las encuestas de opinión públicas son lapidarias en cuanto al rechazo de un proyecto de ley que ya ha merecido la repulsa de todos los sectores populares, incluso, nuestro propio colectivo.
Un pretexto: invisibilizar al terrorismo de Estado
El otro proyecto, tan conservador como nostálgico, es el que se ha presentado con el pretexto de asistir a las víctimas de la violencia no estatal en el período que va desde el 1º de enero de 1963 hasta fines del año 1976.
Luego de presentado con la firma de todos los ministros y aprobado en un trámite exprés en el Senado, para que no faltaran los votos para la reforma jubilatoria, la opinión pública tomó conocimiento de que los funcionarios militares ya fueron resarcidos en términos económicos hace ya casi 50 años. Y lo fueron en montos superiores a los que percibieron las víctimas del terrorismo de estatal, luego de 25 años del retorno a la vida democrática.
Mientras en los programas de la televisión abierta privada nunca invitan a Crysol (Polémica en el Bar, Periodistas, El living, Esta boca es mía, Todas las voces, etc, etc), se hacía referencia al hecho de que existían víctimas de primera y segunda categoría, haciendo referencia a los resarcimientos percibidos por los ex presos políticos, se supo que ley 14 106 de 1973, aprobada cuando los mandos de las FFAA ya cogobernaban integrando el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), estableció un monto significativamente inferior para los familiares del personal de tropa y subalterno que el que recibieron los familiares de los oficiales fallecidos en actos de servicio.
Un proyecto malintencionado
El proyecto de ley que lleva la firma de todos los ministros, son todos responsables, del primero al último y de uno en uno, como solía decir la inolvidable Luisa Cuesta, basado en mentiras, manipulando los legítimos sentimientos de la ciudadanía, pretende, por la vía de los hechos, poner en el centro de la atención ciudadana, los daños ocasionados por la violencia no estatal. Se enfoca en el período de graves confrontaciones sociales que vivió nuestro país, luego que Jorge Pacheco Areco implantó las Medidas Prontas de Seguridad para poder aplicar las recomendaciones económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los familiares de la inmensa mayoría de los ciudadanos que fallecieron (funcionarios policiales y militares) debido al clima de confrontación que sufrió nuestro país desde el 13 de junio de 1968 ya fueron resarcidos económicamente. Los proponentes de este proyecto de ley, lo saben.
Es evidente, entonces, que su objetivo no es asistir a los familiares de las víctimas. Hacen politiquería.
Pretenden influenciar a la opinión pública y a la ciudadanía para quitar trascendencia, significado e importancia, a la violencia estatal generada por los funcionarios del Estado desde las propias esferas gubernamentales. Quieren ocultar al terrorismo de Estado.
Olvidar las normas de DDHH
Surgidas luego de la Segunda Guerra Mundial y de la formación del Tribunal de Nuremberg para juzgar a los criminales nazis, las normas de DDHH forman parte de una nueva rama del Derecho Internacional. Se consagra a la protección de los ciudadanos frente a los potenciales abusos de poder de los funcionarios estatales en sus distintas variantes. Ese es su cometido.
Por ese motivo, para esta nueva rama del derecho, solamente los funcionarios del Estado violentan las normas de DDHH.
La conducta de los particulares, ya sea a título individual o colectivo, es penalizada por otras ramas del Derecho. Los funcionarios del Estado, tienen la obligación de respetar y garantizar el cumplimiento de las leyes y de las normas que protegen a los ciudadanos.
Por eso, cuando por acción o por simple omisión, no cumplen con sus obligaciones esenciales, sus conductas son siempre graves, a diferencia de lo que ocurre con las conductas de los particulares que son penalizadas por el Código Penal.
El proyecto de reparación a las “víctimas de la guerrilla” como lo denominan los nostálgicos de la dictadura, sus defensores y sus cómplices, medios masivos de comunicación incluidos, es una bazofia reaccionaria en todos los sentidos.
Pone al desnudo “el alma de la coalición republicana” y de quienes firmaron el proyecto de ley que se envió al Senado. No se salvarán en el tribunal de la historia. Aunque nos monitoreen a todas y todos desde las cámaras del Ministerio del Interior como lo puso al descubierto el hombre de confianza del actual gobierno, caído en desgracia, “el Gran Alejandro Astesiano”.
Por Gastón Grisoni I Presidente de la organización de ex presos y presas políticas Crysol
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