Oro ilegal, mineral para exportación y dependencia colonial

El viaje de una delegación del gobierno electo de Brasil a la Tierra Indígena Yanomami, a fines de enero de 2023, reveló al mundo lo que ya intuía la opinión pública. Los caminos del oro ilegal alimentan una industria que evade riquezas, destruye biomas y comete crímenes ambientales y de lesa humanidad.

 

No es un “privilegio” brasileño, ya que la ruta del oro no registrada (o con registros frágiles, aún con facturas en papel) opera la economía política del crimen en cinco países amazónicos (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú). Desde 2015 se ha realizado un estudio robusto sobre el tema y los informes de este año solo confirman las bases de análisis.

La minería aurífera y de piedras preciosas y la minería a escala industrial deben ser actividades económicas nacionalizadas, bajo el control directo de comités técnico-sindicales y con espacios de consulta para la población de los territorios donde se desarrollan estos procesos. De lo contrario, abunda el crimen.

 

Las empresas HStern, Ourominas y D'Gold , según investigaciones en curso de la Policía Federal, son las mayores compradoras de oro ilegal extraído en territorio yanomami. La mayor minera del país, Vale (antes Cia. Vale do Rio Doce), fue vendida a precio de saldo (en un verdadero crimen contra la patria) y es una de las responsables de los crímenes de Brumadinho (2019) y Mariana (2015 ).

 

El 23 de enero de este año, el Tribunal Federal de Minas Gerais admitió la denuncia formulando16 personas, incluido el expresidente de Vale Fabio Schvartsman , continuaron el calvario de las familias y víctimas de estos dos delitos ambientales.

 

Es urgente el control colectivo de las empresas mineras que operan en Brasil y la compra de toda la producción de oro por parte del Estado brasileño. Veamos el caso de una sociedad intrínsecamente ligada a la minería.

La eterna lucha por el control de los recursos minerales en Bolivia 

 

De todos los ejemplos latinoamericanos, el país más marcado por la exploración minera es la ex Provincia del Alto Perú, cuya primera capital, alguna vez llamada “La Plata” (no confundir con la capital homónima de la Provincia de Buenos Aires, Argentina) fue rebautizada como Sucre, luego del proceso de independencia.

 

Debido a la guerra del salitre (o del Pacífico, entre 1879-1893), perdió el acceso a la costa en una guerra contra Chile, donde este último fue patrocinado por el Imperio Británico. Luego de la Guerra Federal (guerra civil intraoligárquica de 1898 a 1899), Kollasuyu (provincia de mayoría aymara cuyo territorio es prácticamente equivalente al de la actual Bolivia) se enfrentó a una nueva explotación a escala industrial, con la extracción de estaño.

 

Hubo tres grandes barones del estaño : Simón Patiño (cuya sede de la empresa estaba en París), Carlos Aramayo (trasladó su centralidad de capital a Ginebra) y Moritz Hochschild (rebautizado como Mauricio).

 

La baronía pagaba salarios miserables a la categoría de trabajadores y trabajadoras mineras, comandaba la cadena de lealtades del sistema oligárquico político (y judicial y militar) llamado La Rosca y tenía la última palabra sobre presidentes, partidos y generales.

 

Durante casi medio siglo, este trío de empresarios (dos bolivianos y un inmigrante alemán de fe judía) en realidad comandóla tierra de Juana Azurduy hasta la Revolución de abril de 1952. Un levantamiento comandado por la Central Operaria Boliviana (COB) y la Federación Minera simplemente desmanteló la capacidad represiva del Ejército (siempre responsable de masacres de mineros durante el siglo XX hasta los '80). ) y juramentó al presidente “moderado” Víctor Paz Estenssoro (del MNR en su primer mandato).

 

Se nacionalizaron las minas de estaño y otros minerales, pero se indemnizó a los “barones”. El gobierno creó la Corporación Mineral de Bolivia ( Comibol ) en octubre de 1952, como respuesta a las acertadas demandas de la COB de sustituir el ejército nacional por la estructura de milicias populares coordinadas por sindicatos y coordinaciones regionales.

 

Más de setenta años después, la unidad de rubro minero es frágil y, lamentablemente, es en el modelo cooperativo donde hay mayor riesgo e informalidad.

 

La exploración minera en Bolivia se realiza de tres formas. Hay concesiones para empresas privadas, algunas transnacionales. El Estado tiene otra parte, a través de COMIBOL, la empresa estatal minera. Ambos operan con relativa seguridad en el trabajo y modernas técnicas de perforación y extracción.

 

Otro sector enorme es el de las cooperativas mineras, donde más del 70% de la fuerza laboral opera sin derechos laborales y ni siquiera tiene acceso a ser un socio cooperativo antes de cinco años de arduo trabajo dentro de las minas.

 

El Potosí histórico, que alguna vez fue la “capital del mundo mercantil colonial”, todavía tiene 120 minas operando en y alrededor del departamento (equivalente a un estado en Brasil) del mismo nombre.

 

El número total de mineros en esta zona ampliada supera los 15.000. La extracción es del complejo mineral compuesto por plata (todavía, pero poca), zinc, estaño y plomo. Lo peor es el procesamiento y la refinación. De la mezcla mineral, las cargas van a industrias privadas que trasvasan, separan y muelen los minerales.

 

Desde allí, el camino es vía camión atravesando las altas montañas y el desierto andino hacia los puertos chilenos de Arica (robado a Perú en la Guerra del Pacífico donde Chile operó como cabeza de puente para los capitales británicos) e incluso Antofagasta (ex Bolivia, robándole acceso boliviano a la costa en el mismo contexto). Los embarques de mineral salen preferentemente por el puerto de Arica,

 

¿Por qué Bolivia no tiene un parque industrial de procesamiento que pueda manejar el volumen total de extracción de estos cuatro minerales? Considerando que el estaño fue la base de la economía boliviana durante casi cincuenta años, cuando el mineral era explotado por los tres barones “locales”, pero con capital transnacionalizado, no tener una industria para el sector cooperativo es un absurdo.

 

Dentro del estatuto de cooperación regional, un fondo común a través del Banco del Sur podría resolver esto, quizás operando con empresas mixtas -una quizás- con capital brasileño y chileno (dos destinos de estos commodities minerales ).

 

La compra de oro por parte del Banco Central 

 

El Banco Central de Bolivia (BCB) anunció un proyecto de ley destinado a la compra de oro producido en el país con el fin de ampliar las reservas nacionales de divisas. El metal precioso es un activo financiero y puede operar como lastre y crédito en diversas transacciones internacionales.

 

El oro en depósito es tan importante que las reservas venezolanas fueron robadas -y continúan- por Inglaterra, alentando al difunto gobierno ilegítimo de Juan Guaidó e impidiendo el acceso a un valor estimado de US$ 1.000 millones.

 

En el año 2022, el volumen de compras de oro por parte de los bancos centrales fue el más alto desde 1967, con Turquía, Uzbekistán y Qatar liderando la adquisición.

 

Por lo tanto, en lugar de alentar los delitos ambientales como lo hizo el derrotado Jair Bolsonaro (no por casualidad el mayor aliado de los sionistas en la historia de Brasil), el gobierno central debería adquirir oro y así poder ampliar las reservas de divisas y reducir la dependencia del dólar. y ataques especulativos de divisas.

 

Tanto en el oro como en la minería, es necesario cortar el ciclo exportador de minerales de raíz colonial. O América Latina se une con proyectos de interdependencia compleja liderados por las economías más fuertes del continente, o quedaremos eternamente bajo las garras del capital extranjero asociado a los habituales parásitos “nacionales”.