El Ministerio de Defensa Nacional remitió al Parlamento un proyecto de ley con el propósito de facilitar el acceso de la población, en general, a los archivos referidos al pasado reciente.
Lo hizo sin tener la delicadeza de informar previamente a las organizaciones que representan a las víctimas y a los familiares de ellas que tienen una amplia trayectoria en la vida del país.
El proyecto, positivo en líneas generales, no incluye la participación de la sociedad civil en ninguna instancia.
Documentos editados
Un elemento a tener en cuenta es que los documentos a los cuales se hace referencia no son verdades reveladas, imparciales, impolutas, no son verdades sobre los hechos.
Son informes elaborados por los servicios represivos y otros organismos del Estado de aquel período con el propósito de llevar adelante e implementar las políticas represivas destinadas a aplastar todo
tipo de oposición.
Hasta el momento, la difusión de ellos, aunque de una manera parcial, ha sido muy importante para conocimiento de lo actuado por parte de los investigadores, de los académicos, de los periodistas y también para la actuación del Poder Judicial.
La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, que ha llevado a cabo un muy importante trabajo para que los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos sean juzgados y condenados, ha recurrido de manera frecuente a dicha información para contextualizar y documentar sus pedidos de procesamiento o de formalización.
Usos difamatorios de los archivos
El exalcalde de Aguas Corrientes por el Partido Nacional Alvaro Alfonso fue procesado en mayo de 2009 por el juez Rolando Vomero por el delito de difamación por haber publicado un libro en el cual acusaba de colaborar con la dictadura a un ex preso político, basándose, y mencionando, las actas de su interrogatorio ante la justicia militar.
Carlos Tutzó, ex preso político y ex dirigente en la clandestinidad del PCU, inició la demanda por las afirmaciones realizadas por Alvaro Alfonso en un libro divulgado en aquella época. La sentencia del juez Vomero fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones, y por ser un delincuente primario, Alfonso no fue encarcelado.
Durante el terrorismo de Estado, unas 20.000 personas fueron privadas de su libertad, sometidas a interrogatorios en dependencias policiales y militares, sin asistencia ni garantías legales, sufriendo malos tratos y, en la inmensa mayoría de los casos, torturas inenarrables, que han quedado ampliamente documentadas.
Declaraciones sin ningún valor
El proyecto de ley gubernamental establece muy claramente que la Ley 18 331 de protección de datos personales será tenida en cuenta a la hora de difundir la documentación.
No obstante eso es necesario tener en cuenta que desde que el Parlamento declaró el Estado de Guerra Interno, el 15 de abril de 1972, la justicia militar comenzó a intervenir en todos los casos en que las tres Fuerzas y la Policía detenían a ciudadanas y ciudadanos en función de sus actividades políticas, insurgentes o no, sustituyendo al Poder Judicial.
La Justicia Militar está previsto en la Constitución para juzgar a los militares que infringen las normas propias de las Fuerzas Armadas, a los efectos de, entre otras cosas, de mantener la disciplina y la unidad del mando.
Los tribunales militares no imparten justicia, no son órganos imparciales, son órganos administrativos supeditados a los mandos, tal como lo señaló, en su momento, ante el Parlamento, el coronel retirado, y prohombre del proceso, Néstor Bolentini.
Durante el terrorismo de Estado, más de 7.000 personas, de ambos sexos, fueron formalmente condenadas por tribunales militares sin garantías de ningún tipo, luego de días, semanas y hasta meses de incomunicación y torturas, en todo el país. Decenas de ellas, eran menores, inimputables.
Esas actas de interrogatorio son documentos ilegales, sin ningún valor jurídico, político y, mucho menos, ético. Son un testimonio vivo del terrorismo de Estado y de la labor desplegada por las Fuerzas Armadas y la Policía para promover un proyecto de país al servicio de los dueños del poder.
Incluir a la sociedad civil
El actual gobierno se caracteriza por tener una visión muy particular con respecto a las organizaciones de la sociedad civil. Si no representan a los dueños del poder, si no representan a los malla de oro, son considerados pocos confiables y ninguneables.
El Presidente de la República se ha llegado a reunir, en reiteradas ocasiones con los representantes y voceros de los terroristas de Estado, por ejemplo, pero no ha recibido a Onajpu, la central de los jubilados y pensionistas del Uruguay. Mucho menos ha estado dispuesto a recibir a Crysol para debatir mano a mano y cara a cara.
El reciente proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre los archivos del pasado reciente debe incluir a los representantes de las organizaciones sociales involucradas en la temática a la hora de su implementación.
Observatorio Luz Ibarburu, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Memoria en Libertad, Cainfo, Crysol, por citar casos notorios. Para que haya verdadera transparencia y la sociedad civil, en contacto con la realidad, con sus visiones distintas, pueda aportar para que el resultado contribuya más y mejor.
La memoria del pasado reciente, en la batalla por el Nunca Más terrorismo de Estado, no puede quedar librada, solamente a los técnicos, especialistas y profesionales, que, obviamente, pueden y deben participar.
Crysol en el ámbito parlamentario hará sus aportes para mejorar el proyecto gubernamental. Lo hará con la responsabilidad que ha demostrado, fehacientemente, en estos 23 años de existencia.
(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen,
necesariamente, al colectivo como tal.
Escribir comentario