Explotación sexual en las cárceles de Guatemala

En una entrevista reciente con el podcast #EsLaHoraDeHablar, la periodista e investigadora guatemalteca Mariela Castañón expuso la alarmante realidad que se vive dentro del sistema carcelario de Guatemala, evidenciando no solo el hacinamiento extremo sino también la explotación sexual de niñas y adolescentes dentro de los centros penitenciarios.

El sistema penitenciario guatemalteco cuenta con 23 cárceles que albergan a más de 25,000 personas privadas de libertad, entre procesados y condenados. Castañón denuncia que "el Estado guatemalteco no tiene el control de las prisiones", lo que ha permitido la consolidación de redes de trata de personas operando desde el interior de los recintos.

El hacinamiento, la falta de personal capacitado y la corrupción rampante entre los guardias penitenciarios agravan la situación. Según Castañón, "históricamente se ha abandonado el sistema carcelario, y sin una reforma profunda, estos abusos seguirán ocurriendo".

La explotación sexual: Un crimen silenciado

Durante la entrevista, Castañón reveló que desde 2009 ha investigado la explotación sexual de niñas y adolescentes dentro de los centros de reclusión. Las redes criminales utilizan engaños a través de redes sociales para atraer a las víctimas. En al menos nueve casos documentados, los agresores fingían ser adolescentes interesados sentimentalmente en las víctimas para luego secuestrarlas y trasladarlas a las cárceles.

El testimonio de Castañón es contundente: "Las niñas son secuestradas y llevadas a las prisiones donde son explotadas sexualmente por múltiples agresores, todo con la complicidad de los agentes penitenciarios".

Corrupción y fallos estructurales

La corrupción es un eje central en esta problemática. Castañón destacó que algunos agentes penitenciarios ascendieron a directores de centros carcelarios sin la formación adecuada. Además, las estructuras criminales pueden pagar hasta 25,000 quetzales (unos 3,300 dólares) para permitir la entrada de menores a los recintos. "La complicidad y el soborno son prácticas sistemáticas que permiten que esta realidad continúe", enfatizó.

Respuestas insuficientes del Estado

Aunque iniciativas como la ley 6384, impulsada por la vicepresidenta Karin Herrera, buscan prevenir la trata de menores en cárceles, Castañón señala que "las leyes por sí solas no bastan si no se aplican con rigurosidad". A pesar de los esfuerzos de algunas organizaciones de la sociedad civil como Refugio de la Niñez y Fundación Sobrevivientes, la comunidad internacional ha mantenido un silencio preocupante frente a esta crisis.

La urgencia de una reforma penitenciaria

Castañón concluyó con una advertencia desgarradora: "Mientras hablamos, niñas y adolescentes siguen siendo víctimas de trata en las cárceles de Guatemala. El sistema carcelario está diseñado para fracasar y perpetuar estos abusos".

Este reportaje busca no solo visibilizar estas violaciones a los derechos humanos, sino también presionar para una reforma integral que garantice la protección de las víctimas y el fin de la impunidad en el sistema penitenciario guatemalteco.